Una de crema catalana… en Maltzaga

Durante las últimas semanas ha decaído bastante la cobertura informativa sobre Cataluña en los medios de comunicación vascos, sobre todo a partir de la investidura del nuevo presidente Carles Puigdemont. Las semanas anteriores a ese evento, sin embargo, y sobre todo en los medios abertzales y públicos, la cobertura fue sensacional. Esa oleada tuvo como principal argumento si las CUP, finalmente, debían otorgar o no su apoyo a la investidura de Artur Mas. Y en relación con las CUP y con el dilema político que se les presentaba, quisiera llamar la atención sobre tres posicionamientos muy dispares que se han explicitado, en mi opinión, en el seno del abertzalismo.

El primer posicionamiento ha sido el de los quienes rechazan de plano que la política institucional pueda estar sometida a los vaivenes de la movilización social. El lehendakari Urkullu, desde el punto de vista del discurso, ha cuajado la expresión más acabada de esta posición: “Me alarma que movimientos sociales sin responsabilidades condicionen Cataluña“. Se trata de una posición de principios que, por una parte, reclama en exclusiva para el ámbito institucional y partidario la gestión de cualquier avance en materia de autogobierno, y por otra, aconseja a los partidos “de orden” que no establezcan alianzas con fuerzas alternativas, como las CUP. Carl Schmitt y Leo Strauss aplaudirían con las orejas.

Un segundo espacio del abertzalismo que aparentemente conecta con el sentir de las CUP, de manera ora explícita ora subliminal, les aconsejaba, finalmente, ceder e investir a Más. Está bien lo de la izquierda, lo del rescate social, lo de la corrupción de CiU… Pero en “esa coyuntura histórica” de lo que se trataría es de avanzar en el proceso abierto, y ya se solucionarán más tarde las cuestiones sociales y de clase. El argumento es antiguo y está lleno de metáforas autóctonas, como la de Maltzaga, que se ha usado hasta la saciedad para decirle a las CUP lo que debían hacer. La apuesta recuerda al PCI y compromiso histórico, 45 años después…

Una tercera posición, creo que muy minoritaria en el nacionalismo, ha sido la que ha dado valor a lo que han hecho las CUP, sin llegar a concluir si finalmente había o no que apoyar a Mas. Para esta posición lo determinante no era el apoyo al anterior president, sino incorporar en el debate de investidura elementos de justicia social, de proceso por y para el pueblo, de bienestar y ciudadanía plena. Estos venían a decir que el principal reto del independentismo está en ganar la adhesión de mayorías sociales y por ello el proceso debe incorporar elementos de justicia y solidaridad social para las clases populares más castigadas por la austeridad y recelosas ante un debate soberanista que “no termina de hablar de lo suyo”. Por otra parte, daban valor a poner la cuestión social en el centro porque los estados no nacen neutros  sino que incorporan en su definición genética las posibilidades de las clases populares en el futuro, como bien se ha demostrado en la transición española, basada, entre otras cosas, en la no revisión de los privilegios de las clases pudientes durante el régimen franquista.

Si es cierto que el abertzalismo en su conjunto se ha decantado por estas tres posiciones difícilmente reconciliables, deberíamos sacar otras tres conclusiones bastante tristes. La primera es que la gran mayoría del abertzalismo le ha faltado al respeto a la CUP, lo cual es una pésima noticia. La segunda es que no cabe imaginar una estrategia independentista compartida para un universo abertzale conformado por galaxias tan alejadas unas de otras: estamos muy, pero que muy lejos de una teoría unificada que oriente al micro y al macrocosmos abertzale. La tercera es que buena parte de los que consideran que para alcanzar el derecho a decidir hace falta mucha movilización, están lejos de concluir que ese camino es difícilmente compartible con una parte importante del nacionalismo que detesta, precisamente, esa movilización y, sobre todo, su vocación de influencia política. Llegar a esa conclusión, con todo, “está en su mano” todavía.

Lo único bueno es la esperanza de que de lo malo, espero, aprendamos algo. Por lo demás, al cierre de esta edición, de Cataluña nos llega la noticia de que la coalición Junts pel Sí y las CUP han iniciado los trámites para elaborar tres leyes importantes relacionadas con lo que se ha dado en llamar la “desconexión”: la ley de transitoriedad o de Régimen Jurídico catalán, la de Administración Tributaria (Hacienda) y la de Protección Social (Seguridad Social), todas ellas previstas en la declaración del pasado 9 de noviembre. Esta iniciativa es la primera de enjundia política, junto a la prórroga otorgada a los presupuestos, que ha tenido lugar en Cataluña una vez constituido el nuevo gobierno. No es una cuestión menor este apoyo a los presupuestos (con 3 votos de la CUP por cierto) que tienen un evidente cariz neoliberal. Nadie está a salvo de contradicciones… y en mi casa a calderadas.

 

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A vueltas con el cupo

A cuenta de la polémica en torno al concierto económico he realizado una pequeña investigación. Que me perdonen mis compañeros economistas. Espero no meter mucho la pata.
Resulta que el PIB per capita en España es de 22.780 euros en 2014. Pero el dato varía mucho de una comunidad autónoma a otra. Así, en Extremadura, la cantidad de riqueza anual por cabeza es de 15.752 euros, mientras que en la CAPV alcanza los 29.683, es decir casi el doble.
España es uno de los países con menor presión fiscal del conjunto de la OCDE. Esa presión es menor en Euskal Herria, aunque no mucho menor. En concreto, en el año 2013, del conjunto de la riqueza producida, el Estado recaudaba en forma de impuestos y cotizaciones un 32,6% de esa riqueza. En Euskal Herria algo menos, pero a los efectos, lo mismo.
En cualquier caso, es obvio que a una presión fiscal casi similar, la cantidad que se recauda en nuestra comunidad autónoma puede llegar ser el doble de lo que se recauda en, pongamos por ejemplo, Extremadura. Eso es lo que le permite decir, por ejemplo, al Gobierno Vasco, que dedicamos el doble de dinero a sanidad o a educación que en el resto del estado: porque es cierto. Con una política incluso más neoliberal (menor presión fiscal) pero en un país de mucha mayor riqueza, los recursos de que dispone el gobierno de Gasteiz son mucho mayores que el de otras comunidades autónomas que, además, no tienen autonomía fiscal. El gasto, pongamos, en sanidad por persona es mucho mayor, aunque la política sea igual o más de derechas que en el resto del estado.
Dicho eso, yo puedo llegar a entender que haya muchos españoles y españolas de bien, a los que no les guste la autonomía fiscal vasca. Y puedo entender que otros y otras muchas, respetando esa autonomía, discutan cuál debe ser la cantidad de euros del Cupo, es decir, la cantidad de ese pago que los vascos realizamos al estado anualmente por las competencias no transferidas a nuestro autogobierno. Lo entiendo perfectamente, y me parece muy legítimo que se quiera hacer ese debate.
Puestos a debatir, debatiría muchas más cosas: como el hecho palmario de que la fiscalidad vasca es una fiscalidad escandalosamente favorable a las rentas altas, del capital y de las empresas para castigo de clase trabajadora (la fiscalidad vasca no corrige, sino que agrava las desigualdades). No en vano esta misma semana nuestro lehendakari se ha desplazado a Alemania para decir a la compañía Mercedes, en resumen, que nuestro país es un paraíso fiscal para las empresas. De todo esto yo también querría discutir.
Pero lo que no entiendo, ni resulta legítimo, es la campaña de manipulación que, a cuenta del cupo, han puesto en marcha populares, socialistas y ciudadanos en el conjunto del estado. ¿Manipulación a cuenta de qué? Por lo menos a cuenta de dos cuestiones.
En primer lugar, manipulan a la opinión pública, porque quienes más vehementemente se están manifestando en contra de la autonomía fiscal, lo hacen apelando a un valor: la desigualdad. Y manda narices… que sean esos líderes políticos los que vienen imponiendo el guión de la Troika que no ha hecho sino exacerbar las desigualdades a golpe de reformas laborales, de pensiones, de negociación colectiva, y de recortes de prestaciones y servicios sociales. ¿Esos que claman ahora contra la autonomía fiscal vasca qué políticas de igualdad defienden en su país? Esta gente –que no se inmuta, es más, aplaude con las orejas el guión merkeliano que ha provocado el doloroso aumento de las desigualdades en España y en Euskal Herria– esa gente, digo, se pone en vísperas de las elecciones españolas a señalar al presunto vasco rico como si este fuese el culpable de todas sus desgracias. Es una auténtica pasada.
En segundo lugar, de lo que deberían hablar los españoles, 40 años después de la llamada transición, es de cómo es posible que las desigualdades interterritoriales sigan siendo tan enormes. He citado a Extremadura. Pero ahora voy a citar a Aragón. Nuestros compañeros de la Osta (sindicato de Aragón) dicen que más del 70% de los asalariados y asalariadas de todo Aragón, trabajan en la ciudad de Zaragoza. No sé si la cifra es exacta, pero no andará lejos. Esto es trasladable a muchas otras comunidades. Pues bien: ¿quién ha diseñado eso? ¿qué criterios de ordenación territorial y desarrollo industrial y rural se han seguido para que eso sea así? ¿y qué tenemos que ver los vascos y vascas en todo eso?
El PIB per capita de Hego Euskal Herria está en la media de la zona euro, es un poco inferior al francés, es superior al de Italia. Es cierto, somos un país más rico que España, y mucho más rico que algunas comunidades autónomas del estado. Se puede discutir de todo, evidentemente, como el pago del cupo. En 2014, la CAPV pagó a España –por seguir en España– alrededor de 1.500 millones de euros. Se puede discutir, por ejemplo, que en vez de 1.500 paguemos dos, cinco o diez veces más. Pero dicho eso, hay que explicar a la gente que 1.500 millones es mucho menos que el dinero público (25.000 millones) que se ha regalado a Bankia para que sus accionistas se sigan forrando. Que ni con 1.500 millones anuales, ni con 15.000, se pueden solucionar ninguno de los problemas estructurales de la economía española.
Hace 8 años la deuda española no llegaba a los 400.000 millones de euros. Ahora ya supera el billón, es decir, el millón de millones de euros: 1.000.000 millones; un 1 y doce ceros. Es decir, es más que el doble que hace 8 años. Esta evolución de la deuda sólo se explica por el rescate de una banca irresponsable y voraz a la que le importa un comino las desigualdades entre los ciudadanos y ciudadanas españoles. Se explica porque socialistas, populares y ciudadanos, unidos a convergentes y jeltzales, comparten que el guión de la austeridad contra las clases populares hay que llevarlo hasta el final: por eso les financia la banca y les perdonan créditos. Por eso pusieron el grito en el cielo cuando en Grecia parecía que se iban a aplicar otras políticas, no fuese a cundir el ejemplo. Por eso, no me digan que el problema, ahora también, somos los vascos y vascas.

Superar el desconcierto soberanista

Publicado ayer en 7K
El universo soberanista está desconcertado. Se percibe el momento como una ventana de oportunidad propiciada por diferentes factores: la crisis múltiple de estado (bipartidismo, corrupción, austeridad…), el espejo de Cataluña y Escocia, la amplia mayoría por el derecho a decidir recién acreditada en las urnas, el fin de la lucha armada, el clamor por la regeneración democrática… Pero, paradójicamente, el derecho a decidir parece estar fuera de la agenda política.
Se apunta a que lo que prima entre las principales fuerzas políticas soberanistas es la competencia electoral, lo que conlleva polarización, es decir, exaltación de las diferencias para tragedia del terreno que podría y debería ser común: “somos un pueblo y tenemos derecho a decidir”. Es posible. Pero es también posible que la referencia soberanista se encuentre de alguna manera auto-reprimida, como aquel cojo de Brecht, por dos muletas, una heredada y otra autoimpuesta.
La muleta heredada tiene el nombre de un cruce de caminos y frena ulteriores movimientos, bajo la prédica de que antes los hermanos deberíamos ponernos de acuerdo (gauden denok anai). Enterrado a día de hoy bajo las dovelas de una autovía y escasamente utilizada, aquel cruce se antoja hoy un no-lugar, incapaz de acontecer. La otra muleta, autoimpuesta, es tan grande como nuestros complejos, y tiene por leit motiv “integrar a la pluralidad y al diferente”. Suena civil y deseable, pero atufa a represión que – como diría el loquero-  incapaz de anular el afecto originario (la nación) nos lleva a confusión entre el representante y lo representado.
Es posible que urgidos por lo ideal -lo fraternal y lo hospitalario, Malzaga y Loiola- nos estemos llevando a engaño confundiendo las hipótesis deseables con la disposición de los agentes que podrían hacerlas posible… como aquel PC italiano del “compromiso histórico” tan necesitado de acreditación y de alianzas que acabó viendo una democracia cristiana que no existía.
Esas hipótesis ideales perviven, primero, porque lo son efectivamente y, segundo, porque tienen sus ventajas. De entre ellas una no menor: hacer posible encauzar definitivamente las agendas del pasado convertidas por el estado en un lodazal sin visos razonables de drenaje. U otra: pensar que el cambio político viene de manera necesaria y suficiente de la mano de las mayorías parlamentarias que podrían hacerlo posible… desoyendo, lo que debería ser obligado: la economía política y la cultura política.
Pienso que deberíamos dar por concluido, en términos de proceso político, que hay una correlación efectiva entre la orientación neoliberal de las políticas en general -compartidas por la democracia cristiana y la socialdemocracia estatal y nacional- y la pérdida de pulso político en la defensa del autogobierno. Dicho de otra manera: que las posiciones políticas de los posibles aliados en materia de autogobierno y derecho a decidir, se explican más por sus alianzas de clase y por sus dependencias financieras que por otros elementos ideológicos.
A ello deberíamos añadir que, 40 años después de una transición cortada a la medida de los franquistas (la correlación de fuerzas de la época quizá no daba para otra cosa), lo dramático es que el socialismo español es incapaz de hacer suya ninguna de las banderas que quedaron pendientes: república, memoria, federalismo, autodeterminación…
Hay que dar por definitivas estas posiciones y una tercera: la de que el estado va a hacer todo lo que está en su mano para impedir “su desmembración”.  Lo que significa que no va a dar nada y urgiría descartar, definitivamente, cualquier abismo de bilateralidad entre Euskal Herria y el estado, ni para la normalización ni para el autogobierno.
Dar por definitivo no es decir que las cosas vayan a ser así siempre, sino ponerse en camino sin esperar que vayan a ser de otro modo, y a partir de ahí tratar de ser honestos con lo que permanece y con lo que se mueve en cada coyuntura, abiertos siempre a nuevas sumas, alianzas, complicidades, articulaciones.
Y entonces ¿cuál es la hipótesis? La hipótesis es ganar lo más importante: una mayoría social favorable al derecho a decidir. Y a día de hoy considero que esa dinámica sólo puede tener dos banderas: un programa de justicia social y regeneración democrática y una dinámica de contención del etnocidio.
Del soberanismo escocés debemos aprender de la fortaleza de un proceso que ha hecho suyo, durante más de 20 años, un programa de confrontación con el neoliberalismo representado por la city londinense, y encarnado igualmente por los tories, los liberales y el propio laborismo. El corrimiento de las bases laboristas al SNP es el dato más radical de ese proceso. En nuestro caso, la existencia  de un sindicalismo nacional ampliamente mayoritario y opuesto a los modelos de concertación al uso constituye una excepcionalidad que podría ser aprovechada.
Del proceso catalán tomemos su impulso de regeneración democrática a partir de un relato sentido y compartido por bases plurales en relación con la experiencia real de autogobierno de cuarenta años. Mucho se habla entre nosotros del relato, en relación con la historia reciente y nuestro presente de violación de derechos humanos. Estamos, sin embargo, lejos de compartir un relato sobre lo que ha sido nuestra experiencia de autogobierno. La humillación nacional en torno al nuevo estatut catalizó un movimiento independentista más amplio que el nacionalismo. Entre nosotros, todavía pesa demasiado la defensa de los dos relatos correspondientes a las apuestas enfrentadas desde Txiberta, la de revisión (estatutismo) y la de ruptura.
En el horizonte, la próxima movilización programada por Gure Esku Dago.  Entraña un riesgo, que es el de acabar compitiendo contra sí mismo (altísimo el listón de la cadena humana de 2014). Un riesgo a asumir muchos antes de haber conseguido interpelar al sistema institucional y de partidos.
GED es y debe ser plural -es uno de sus grandes valores- pero no debería obsesionarse. Quienes nos acusan de querer el derecho a decidir para conseguir la independencia tienen gran parte de razón: hablamos de amor porque también queremos sexo. Pero el reto presente no es la pluralidad, sino la autonomía política que, lejos de buscar una equidistancia interpartidaria, busque interpelar y mover el tablero desde diagnósticos y propuestas propias. Y el punto de partida no tiene por qué ser el acuerdo “entre hermanos”. La fraternidad sí es, en cambio, el horizonte sine qua non de una comunidad dueña de su destino.

Itsusi(ok)

Internazionalaren letrarekin -eta are gehiago espirituarekin- bat ez datozen ehunka gertakariren lekukoak gara, egunero eta etengabe. Egon badaudelako -beti izan diren bezala- gure artean, enpresari justuak eta solidarioak; langile egoskorrak eta alperrak; Belen Estebanenak Txiki Muñozenak baino gehiago estimatzen dituztenak; edota matrimonioaren barneko berdintasunaren debatea eta tirabira konplikatu horiek etxeko langile etorkin baten enplegu ilegalaren bidez isiltzen dituztenak… Hori guzti hori horrela da, eta zaila egiten da Langile, Klase, Sindikatu, Justizia bezalako hitzekin idaztea, Maiatzak Lehenaren bezperatan.
Hori horrela da baina, kontua da inguratzen gaituzten gehienak, oraindik ere, soldatapekoak direla, soldatapekoak garela, eta izan nahi dute eta nahi dugu gure bizi asmoak garatu ahal izateko. Eta soldatapekoak izateagatik egunaren ordurik onenak -aztien, garbien, indartsuen gauden ordu horiek hain zuzen- saldu behar ditugu, maite ditugunon bizia bermatu ahal izateko. Soldatapekoak izateagatik ez dugu erabakitzen zer egiten dugun, nola egiten dugun, zer baldintzatan egiten dugun, zer bitartekoekin egiten dugun, norentzako egiten dugun, zertarako egiten dugun… egiten duguna. Soldatapekoak izateagatik, eta soldatapekoa izaten jarraitu ahal izateko, isiltasunaren zurrunbiloan murgildu izan gera gehienetan, geuri edota aldameneko kideari kalte egin diotenean, “virgencita, virgencita, que me quede como estoy” izkutuan errezatzen genuen bitartean. Orain bezala, Internazionalaren abestia egin zenean, gutxiengo txiki zen antolatzen eta borrokatzen zuen langile kopurua, beti izan den bezala.
Badira ordea antolatzen asmatu dutenak. 2008 eta 2010 urteen artean, bi urte, bederatzi hilabete eta hamazazpi egunez greba egin zuten laurogeita hamar langilek. Denak emakumeek ziren. Eta Gasteizen gertatu zen. Baliteke hori izatea langile mugimenduaren historian gertatu den lan gatazka luzeena. Eta beraiek bezala, oraindik ere, mundu osoan, kontradikzioz eta miseriaz beterik, milaka emakume eta gizon goian aipaturiko otoitza egiteari uko egiten diote egunero, isilean, eta informatiboetan agertu gabe. Gizon emakume hauek ez dira zintzoenak, ez guapoenak, ez inteligenteenak. Eztaukate inolaz ere estetika progresistarik. Telezaborra ikusten dute gauetan eta Belen Esteban miresten dute, Txiki Muñozen kaltean.
Antolatzen diren hauek Internazionala zailtasun handiz tarareatzen dute baina ez dute behar, Internazionala ez delako beraientzat errealitatearen deskripzio bat, betebehar bat baizik. Urtean, egun bakar batez, itsusi hauetako batzuek burua altxatzen dute, esateko, beraiek egiten dutela mundua, mundua egiteko bitartekoak beraienak ez badira ere. A ze nazka ematen duen, ematen zuen, eta emango duen beti, ikusteak itsusi hauetatik datozela aldaketak mundura! A ze nazka gure estetika postmarxista eta postmodernistarentzat! Itsusiok!

Las amistades peligrosas

¿Conoce usted al gobernador de Wisconsin?
Se llama Scott Walker. Y el 1% rico de los EEUU le adora.
Destrozó a los sindicatos del sector público en 2011, impidiéndoles a ejercer su derecho a la negociación colectiva. Una derrota comparable a la que infringieron Reagan y Thatcher al movimiento sindical hace 35 años. El mes pasado el angelito comparó al movimiento sindical con el estado islámico. Y los ricos le hacen la ola. Porque es más probable que un sindicalista americano le quite unos dólares a un empresario americano a que un militante yihadista, cuchillo en mano, le limpie el forro.
Scott Walker es miembro destacado del Tea Party, el ala ultraconservadora, fundamentalista religiosa y ultraliberal en lo económico del Partido Republicano. Y Walker es uno de los tres políticos más significados que va a competir en las primarias del Partido Republicano para ser candidato a la presidencia de los EEUU.
Scott Walker ha estado en Euskadi. Una visita de tres días. Y en Euskadi suele ser noticia cualquier visita institucional que nos relacione con el Imperio. La visita de cualquier congresista de tres al cuarto suele serlo. Pero esta vez no lo ha sido.
¿Conoce usted a Arantza Tapia?
Es la consejera de Desarrollo Económico y Competitividad del Gobierno Vasco. Mi sindicato, el mayoritario del país, le pidió una reunión hace un año. Y todavía no ha contestado.
No hay día que Arantza Tapia no aparezca en los medios. Su actividad nacional e internacional goza de una cobertura mediática sin precedentes en nuestro sistema comunicativo. Y ningún miembro del gobierno tiene su proyección mediática.
El encuentro de Arantza Tapia con Scott Walker era uno de los platos fuertes de la visita del gobernador. Aparece en la agenda pública que éste pública en la web. De esa visita no ha trascendido nada. Tan sólo una breve reseña en la web y un artículo que lo cita el pasado fin de semana en un diario del grupo Noticias.
El silencio mediático sobre ese encuentro clama al cielo. Salvo que alguien nos conceda una explicación más plausible, lo que podemos concluir es que ni el gabinete de Tapia ni el de Walker han querido dar cuenta pública al encuentro.
Lagarto, lagarto.
¿Conoce usted a Miguel Ángel Lujua?
Es el presidente de la patronal vasca. Ni se sabe las veces que coincide con la consejera en saraos de todo pelo.
Lujua elige muy bien los temas de que habla: en una crisis sin precedentes no ha hablado mucho de la falta de crédito que ahoga a miles de empresas de nuestro país; ni sobre la corrupción política y económica; se ha inventado la hostilidad del territorio de Gipuzkoa donde al parecer “se penaliza la inversión empresarial”; predica el diálogo social mientras sus territoriales se niegan a negociar convenios colectivos; y ha defendido, por ejemplo, el chantaje de Iberdrola a España y a Euskal Herria…
A Lujua no le gustan algunos sindicatos, especialmente el mayoritario. Alguna vez se ha pasado de frenada en sus críticas a ELA, como hizo el pasado año con el entrevistador estrella del grupo mediático público del país, que no destaca por congeniar con ese sindicato. Se pasó tanto que el periodista se vio obligado a preguntarle si estaba pidiendo el voto para UGT y CCOO. Meses más tarde, su patronal propuso que se ilegalice al sindicato mayoritario y a LAB. Y el Gobierno vasco le sigue rindiendo pleitesía.
Lujua ha hablado este fin de semana. Sus palabras no se han publicado en los medios vascos, que yo sepa, pero sí en un diario económico del estado. Pide Lujua un “periodo transitorio” de dos o tres años durante el cual los incrementos de plantilla no conlleven un incremento del número de representantes de los trabajadores.
¿Sabe usted qué significa “Union Free”?
Literalmente significa “libre de sindicatos”. Se refiere a empresas que gozan de un estatus de excepcionalidad democrática durante un tiempo. Multinacionales que condicionan su implantación en un país a que no se permita que los sindicatos se organicen dentro de ellas. Así la explotación está garantizada.
¿Sabe usted qué significa “right to work”?
Literalmente se traduce por “derecho al trabajo”. Pero a toda la legislación antisindical americana de estas décadas se le llama “right to work”. En eso, Scott Walker es el rey del mambo, el rey del “right to work”. La cosa viene de lejos. Ya lo decía Martin Luther King: el “right to work” ni es derecho (right) ni es trabajo (work).
Vamos, que no sé si me explico: amistades peligrosas.

Derecho a decidir… también en la economía

[Noticias de un viaje]

Yo quisiera comenzar mi intervención contándoos un viaje.

En 1995 pasé unas semanas en el Ecuador. Fuí a visitar a mi amigo de la infancia, médico, que llevaba ya unos cuantos años perdido en la Amazonía ecuatoriana, en el río Napo, principal afluente del Amazonas. El lideraba un plan de salud con los indígenas de la zona, los naporunas.

Durante ese tiempo realizaba también diversas investigaciones sobre la extracción y los derrames de petróleo en esa zona oriental de Ecuador. Años más tarde declararía como perito en el primer juicio celebrado fuera de los EEUU contra una multinacional petrolera americana, la Texaco, por daños ambientales ocasionados también fuera de su país.

De la ciudad del Coca, en el Oriente, nos desplazamos 300 kilómetros en una canoa, para encontrarnos con las comunidades de naporunas. En Ecuador hay más de 10 etnias y naciones. Yo estuve entre los naporunas, pero conocí también a etnias como los Huaorani y Siona-Sequoya.

Descubrí algo muy interesante allí. Algunas de esas naciones y etnias, reivindicaban el derecho de autodeterminación. Y entonces pensé: “Vaya, estos también son abertzales. Se querrán separar de la República del Ecuador”. Es el caso, por ejemplo de los Tagaeri. Pero luego supe que ellos en absoluto pretendían separarse de la república.

Y entonces, me decía yo, para qué reivindican el derecho de autodeterminación. Yo no lo podía entender.

Pues bien, los tagaeri, entre otros, tenían y tienen un problema de poder, un problema de poder real. Otros que no son ellos toman gravísimas decisiones sobre sus tierras, como son los colonos, las compañías petroleras, los militares, los que cultivan la palma africana y queman la selva, o los madereros. Y como consecuencia de las decisiones que toman esos colectivos, esas empresas, ellos no pueden hacer viable su modo de vida, su cultura, adaptado al Yasuní, a su territorio, un modo de vida que han heredado desde tiempos inmemoriales.

Como comunidad, como nación, como sociedad… ellos necesitan –es cuestión de vida o muerte– poder decidir sobre cómo explotar su tierra, cómo hacer uso de ella, de su agua, de sus recursos, y hacer su vida de esa manera sostenible. Y para ellos, el derecho de autodeterminación, es la percha jurídica, el instrumento legal y democrático, para poder decidir como colectivo, como nación, como etnia, sobre las cuestiones con las que se están jugando su ser, su futuro, su presente como sociedad.

Para ellos el derecho de autodeterminación por tanto no es un derecho para separarse de nadie, sino un derecho para unirse y comprometerse más  y mejor entre ellos mismos y con su tierra; el derecho de autodeterminación no es un derecho para dividir a la comunidad, sino precisamente para hacer posible su cohesión, en sí misma y con la naturaleza; el derecho de autodeterminación no es para ser irresponsables, sino precisamente para responsabilizarse y tomar las riendas de su presente como comunidad, para decidir responsablemente sobre las condiciones vitales suyas y de sus descendientes.

Para mí aquella experiencia, aquel viaje, fue del todo reveladora. Me permitió desde entonces entender de una manera distinta lo que tiene que ver con el derecho a decidir y el derecho de autodeterminación. Y me permitió, por primera vez en mi vida, hacer coherente el principio de democratización radical y lo que tiene que ver con la justicia social. Aquellos miles de kilómetros recorridos, políticamente, no fueron en balde. Aprendí algo muy importante: que el derecho de autodeterminación es tan sólo un instrumento, para decidir como comunidad sobre las cuestiones que nos afectan. Ni más ni menos.

No sé si conocéis una obra de Joseba Sarrionandia que se llama Moroak gara behelaino artean. En esa obra monumental, Sarri utiliza una imagen, una metáfora tomada de la Grecia clásica: dice que es preciso vaciar la plaza pública, para que los ciudadanos y ciudadanas podamos ocuparla, y de esa manera ocuparnos de lo que nos afecta, tomar las riendas de nuestra vida, colectivamente. Es preciso echar de la plaza a los poderosos, a los corruptos, a los violentos, a los que nos amordazan y amenazan, para que como ciudadanos ocupemos la plaza pública.

Me parece una imagen muy sugerente. De eso se están ocupando los Tagaeri, tratando de ocupar su plaza, el parque natural Yasuni, ganando su soberanía a los madereros, petroleros, militares o colonos que no les respetan. Porque de lo que se trata es de recuperar la soberanía, ante los que nos han robado la soberanía sobre nuestra propia vida, sobre los medios para garantizar nuestra propia vida.

Y hablando de tomar las riendas…. ¿Tenemos las riendas sobre nuestra propia vida?

Permitidme dar un salto en el tiempo. Para recordar algo: que en esta crisis de la que estamos obligados a hablar, no sólo nos están robando nuestros recursos… Nos están robando la soberanía, también como sociedad, como nación, como colectivo

En esta crisis, nos han robado todo… y sobre todo la soberanía

Vamos a hacer un poco de memoria. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí?

Partimos del crack de la llamada burbuja inmobiliaria. Digo llamada, porque la burbuja en cuestión no era más que eso, una burbuja especulativa cuyo objeto no era, ni mucho menos, satisfacer una necesidad humana como es la vivienda, sino proceder, ordenadamente, a un incremento artificial de su precio a través de un endeudamiento masivo, para enriquecimiento de una minoría.

Al estallar la burbuja se podía haber tomado una decisión política: salvar las familias, a las personas endeudadas que no pueden hacer frente a sus créditos. Esto habría sido lo más barato, además de la más justo, pero se decide hacer otra cosa. Se podían haber salvado también muchas empresas. Como los bancos tienen que devolver ingentes cantidades de dinero (el que utilizaron para inflar la burbuja), y como la consecuencia inmediata del crack es que los bancos deciden no prestar ni prestarse entre ellos más dinero, lo que deciden en sede política es que conviene dar ingentes cantidades a la banca, para que esta purgue sus deudas y haga circular el crédito nuevamente.

Los estados no tienen dinero guardado para darlo de esta manera. Lo que hacen es emitir deuda, que no es más que un papel, un papel que se vende por una cantidad determinada, y por el cual el estado se compromete a dar un determinado beneficio al cabo de un tiempo. Los ahorradores, o mejor, la propia banca y los fondos de inversión, compran esa deuda y se garantizan el compromiso público de que les será devuelto con un determinado interés.

Es decir, la decisión política fue cubrir una enorme deuda privada (la de la banca) con emisión de deuda pública. Se podía haber salvado, insisto, a las familias insolventes. Se podía haber abierto líneas de crédito para las empresas. Pero nada de eso se ha hecho. Lo que se hace es poner ingentes cantidades de dinero en la banca para que cubra su deuda. ¿Y qué creéis que ha hecho la banca? Pues ha hecho lo previsible… En vez de poner ese dinero en circulación, lo que ha hecho es, por un lado, ir saldando sus deudas con la banca internacional; y por otro, ¡comprar la deuda pública emitida para salvarles a ellos! Es decir, les damos dinero de todos a poco más del 0%, y ellos nos compran deuda que va a tener una rentabilidad marcada por la llamada prima de riesgo, ese índice criminal establecido por los mismos psicópatas que, en el caso de Grecia, llegó a superar el 15%.

¿Y ahora qué toca? Ahora toca pagar la deuda. Y para hacerlo sólo hay dos vías, como todos sabéis:

se aumentan los ingresos o

se recortan los gastos de las instituciones públicas.

Básicamente, podemos decir que se ha optado por la vía del recorte. Es cierto que se han subido los impuestos, sobre todo los más injustos, como el IVA, que pagan igual ricos y pobres. Pero el impacto de la subida de impuestos en los ingresos ha sido pequeña, por la caída del crecimiento económico. Por eso, lo más relevante han sido los recortes.

En materia de recortes no hay mucho misterio. Todos estamos de acuerdo en recortar partidas como las de la casa real, pero desde el punto de vista presupuestario eso resulta irrelevante. Las partidas que pesan sobre el presupuesto son las sabidas: sanidad, educación, salarios de los empleados en la función pública (funcionarios, laborales, interinos…), y todo el conjunto de prestaciones de la seguridad social (desempleo, pensiones de jubilación, etc.). Estas son las principales partidas, y esto es lo que se está recortando. Porque de lo que se trata es de pagar entre todos la deuda privada de la banca.

Pues bien, en estricta aplicación de esa doctrina del shock, el discurso a partir de 2010 ha cambiado radicalmente. Mientras que antes estaba claro que la culpa de la crisis estaba en el comportamiento de las instituciones financieras, ahora se ha conseguido cambiar el discurso para poner la atención, básicamente en los salarios. Quiero subrayar que cuando digo salarios, me refiero a la totalidad de los capítulos del salario: al neto mensual (1) que es el sustento diario de los y las trabajadoras y sus familias; a las cotizaciones (2), es decir, los derechos de protección social de presente y de futuro, tanto de los activos como los inactivos (mayores, niños, incapacitados); y a los impuestos (3), básicamente el IRPF, es decir, el sostenimiento de los servicios públicos de interés general. Para completar el ataque al salario, se ha procedido, en el curso de tres años a tres reformas laborales (modificación a la baja de la legislación laboral); a dos reformas de pensiones; y a dos reformas de la negociación colectiva, que, casi sin que se dé cuenta la sociedad, han dejado el mercado laboral a los pies de los leones.

Y, por si todo esto era poco, se está entregando a la banca, la mitad del negocio financiero del estado, que estaba en manos de las cajas de ahorro. Quedaba poco por privatizar. Yo no voy a hacer una defensa de lo que ha sido la gestión de las cajas, donde han abundado los ejemplos de corrupción, pero eso no justifica la decisión política de entregar ese capital acumulado por generaciones de trabajadores, familias y empresas a las entidades financieras privadas.

Las consecuencias estas políticas de shock que se han puesto en marcha son conocidas: paro, pobreza, y un incremento increíble de las desigualdades. Ahora, estas semanas, se está poniendo mucho énfasis en cualquier indicador macroeconómico que pueda interpretarse como una buena noticia. Pero abundan los datos que están certificando el incremento de la pobreza, la falta de protección social la caída salarial y, sobre todo, el aumento increíble de las desigualdades.

El recorrido que hemos hecho, pretende, esa era mi intención, subrayar en que se podían haber seguido otros caminos en la gestión de la crisis. Como se señalado, se podía haber optado por salvar a las familias y a las empresas, y solventes estudios económicos indican que habría sido no sólo mucho más barato, sino que además habría permitido no enviar al paro a tanta gente. Se podía haber publificado la banca rescatada: si pagamos el rescate ¿por qué no podemos ser colectivamente los propietarios? Se podía haber optado por subir las cotizaciones y los impuestos, y éstos de manera progresiva (pagando más quien más tiene), pero se ha hecho lo contrario. Se podía haber incrementado el gasto social, en vez de rebajarlo… y en vez de modificar la “inmutable” constitución española que obliga al estado a pagar antes a los acreedores que a los ciudadanos y ciudadanas necesitadas de servicios públicos.

No habría sido posible gestionar esto así sin un ataque brutal a la democracia

Llegados a este punto surge una pregunta inevitable: ¿cómo se ha conseguido desmontar en 3-4 años lo que ha costado más de 35 años construir?

Pues bien, yo creo que todo esto no habría sido posible si al mismo tiempo, no se hubiese puesto en marcha un programa sistemático de destrucción de la propia democracia. Creo que esta reflexión es importante. Yo no voy a hacer una defensa de la democracia que conocemos o hemos conocido desde la transición política: una democracia tutelada por poderes fácticos y de muy poca calidad.

Lo que quiero señalar es que era aún empeorable, y que están en ello. Yo entiendo por democracia un sistema que interpone resistencias a las prácticas arbitrarias y violentas del poder político y económico. Esos mecanismos son bien conocidos: la separación de poderes, el sufragio popular, el imperio de la ley (igual para todos), la existencia de medios de comunicación públicos y la regulación de los privados, las libertades (huelga, sindical, de opinión….). Los mecanismos de participación social y política forman parte también del entramado democrático.

La propia crisis además tienen un efecto antidemocrático que no se subraya lo suficiente: el empobrecimiento y el paro obliga a millones, por necesidad y miedo, a acatar en silencio las mayores vejaciones, humillaciones y explotación laboral. Hay que recuperar para nuestro acervo que la crisis pone en crisis la propia democracia, o que no hay libertado política sin un mínimo garantizado de bienestar social y económico.

Pero además de ello hemos de subrayar, como decía, otras averías que están teniendo lugar. Yo voy a citar cuatro:

  • La primera en el propio parlamento, a partir de la generalización de la figura del decreto (figura legislativa excepcional) como el procedimiento ya ordinario para ejecutar las reformas que tienen que ver con recortes de derechos sociales.
  • En segundo lugar, la progresiva, acelerada, concentración y privatización de los medios de comunicación hegemónicos, mayoritariamente en manos de entidades financieras.
  • En tercer lugar, la financiación de los partidos. Permitidme una pequeña provocación. Todos hemos escuchado lo del caso Bárcenas y lo de los sobresueldos de los dirigentes del PP. Pues bien, que los políticos tengan sobresueldos no pone en crisis la democracia. No digo que esté bien ni que no haya que perseguirlo. Lo verdaderamente grave, y sobre lo que no se está poniendo la luz, es el origen de ese dinero. ¿Por qué las empresas dan dinero a los partidos? No tiene nada que ver con la militancia política. Las empresas dan dinero porque en sede política se deciden las adjudicaciones públicas; los concursos; las privatizaciones; y de esa manera se engrasa la llamada puerta giratoria, es decir, el trasvase bidireccional entre cargos políticos y empresariales. Dan dinero también porque en sede política se regula, por ejemplo lo que tiene que ver con las energías, etc. Que más de treinta exministros además de otros muchos cargos también en nuestro país estén en las empresas energéticas no es casualidad. Estaremos de acuerdo.
  • En cuarto lugar, entorpecer a tope el espacio de la protesta y de la acción reivindicativa. Ahí está la ley de seguridad ciudadana, y ahí están las modificaciones que se han hecho en el plano de la negociación colectiva, para limar la efectividad, la eficacia del sindicalismo.

Si esto es así, estaremos también de acuerdo, en que nos encontramos en la misma tesitura que los Tagaeri, y nos vale también la metáfora de Sarrionandia: es preciso que ocupemos la plaza pública, echar también de nuestras plazas a los madereros, petroleros, y demás gentuza que nos roba la soberanía.

No se trata sólo de que el estado nos niega el derecho a decidir nuestras relaciones con el estado, sino que estamos inmersos en un proceso terrible de asalto a la soberanía de los pueblos

No todo es negativo… Grecia, Cataluña, Escocia

La mayoría de la gente que se ha unido a la iniciativa Gure Esku Dago ha mirado o está mirando de una manera u otra a Cataluña y Escocia y no con poca envidia. Creo que algunos menos miramos a Grecia.

Yo creo que tenemos que dar mucho valor a lo que ha pasado o está pasando en Grecia.

Yo no soy especialmente optimista, pero es un hecho que por primera vez en la historia de Europa, un pueblo, el pueblo griego, ha mandatado a su gobierno a que termine con las políticas de austeridad. Eso significa que por primera vez en la comisión europea se va a sentar un gobierno que rechaza la doctrina dominante.

Nadie sabe lo que va a pasar en Grecia. Yo no sé si el pueblo griego va a ganar. Sé que las amenazas son enormes: de Alemania, del BCE, del FMI… Pero también sabemos que allí hay una situación de emergencia humanitaria, que Grecia no puede pagar la deuda que le han imputado, y sabemos que para la UE también es un enorme problema expulsar a Grecia

Lo relevante es que millones de personas han decidido que otra política debe ser posible y que en Grecia han empezado a hacer otras políticas. A mí no importante quién está en el gobierno. Lo que nos importa es lo que ha conseguido la lucha popular.

Pero si miramos a lo acontecido en el último año en Grecia, Cataluña y Escocia vemos que en los tres casos coexisten reclamaciones diferentes como la identidad nacional, la democracia y la justicia social. Pero la aspiración a mayores cotas de justicia social constituye el elemento más central y más cohesionador de las amplias movilizaciones que se han producido en esos tres países. El cambio político y social al que esos países aspiran tiene un leitmotiv compartido: dotarse de todos los instrumentos para decidir sus políticas de bienestar y cohesión. Esto es muy evidente, ha sido muy explícito en Grecia y en Escocia, pero también en Cataluña, aunque de allí nos vienen también otro tipo de análisis.

Yo creo que la experiencia que se están viviendo en estos tres países, nos obliga a hacernos una pregunta: ¿con qué políticas creemos que debe hacerse un proceso de construcción nacional?

Difícilmente la respuesta a ese interrogante será la política neoliberal.

Por decirlo de un modo telegráfico: sólo me interesa la decisión es para mejor vivir, y sólo con un mejor vivir la reivindicación de la decisión concitará la adhesión de las mayorías sociales necesarias.

Sólo se reconoce a Euskal Herria, para aplicar la política de austeridad

Esta interrogante es del todo pertinente si tenemos en cuenta que el Estado español sólo reconoce a las instituciones vascas cuando de lo que se trata es de acordar la aplicación de las políticas económicas y sociales defendidas por la Troika. La “negociación” que nuestras instituciones han realizado sobre el cupo, la del concierto-convenio, las políticas de empleo o los límites presupuestarios asumidos así lo demuestran. Aparte de eso, la política del Estado para con Euskal Herria es recentralizadora en el autogobierno, uniformizadora en lo cultural, y represiva, muy represiva, en el capítulo de la paz y la normalización política. A todos los efectos, en nuestra relación con el estado español, estamos en plena involución.

Estáis aquí personas que os habéis movilizado por el derecho a decidir. Hablamos de decidir básicamente sobre el estatus político.

Pero lo cierto es que no existe entre los abertzales un diagnóstico compartido sobre esta involución, sobre esta política del estado. Y ese diagnóstico es aún más urgente si constatamos que todas las vías ensayadas hasta la fecha para nuestro reconocimiento nacional están definitivamente agotadas. El estado español no reconoce a las naciones que cohabitan en su seno. Y en nuestra casa, se ha revisado y abandonado definitivamente la lucha armada, pero no se ha revisado  la opción estatutista.

Es cierto que se ha hecho una lectura crítica sobre el grado de cumplimiento por parte del estado sobre lo establecido en el Estatuto de Gernika. Pero el problema actual del autogobierno vasco no es sólo ni principalmente un problema normativo. Existe, efectivamente, un problema normativo: ahí están las leyes de base, las sentencias del Tribunal Constitucional, o la interposición permanente de recursos a la actividad legislativa de las administraciones vascas liderada por el delegado de gobierno de la CAPV. Para ELA, sin embargo, el problema fundamental del autogobierno es una cuestión de pulso y posición política. Porque hace mucho tiempo que la gestión del autogobierno carece de la tensión suficiente en relación con el Gobierno español. La confrontación del Gobierno Vasco se limita a presentar demandas  ante el Tribunal Constitucional, cuando hace más de veinte años que este gobierno afirmó que no volvería a presentar más recursos por considerarlo un tribunal de parte. No pocas veces, se recurren, creemos, leyes básicas con cuyo contenido se está de acuerdo, para dar una falsa imagen de tensión y confrontación política. Por lo demás, la misma falta de tensión se ha manifestado, por ejemplo, en la respuesta dada en la CAPV a la Lomce y otras leyes básicas.

Por todo ello, resulta muy difícil entender la posición política que apela al mutuo reconocimiento y lealtad entre España y Euskal Herria –lo que algunos llaman “bilateralidad”– como punto de partida y principio inspirador de una eventual modificación del estatus político vasco. Yo creo que esa pretendida “bilateralidad” tiene más que ver con un programa económico y social compartido con las elites empresariales, financieras y políticas madrileñas, elites muy refractarias a todo lo que suene a soberanía vasca. A pesar de las apariencias de controversia y confrontación, lo cierto es que en las materias de cierta enjundia económica se acuerda todo o casi todo: déficit y pago de la deuda (en este caso también con las diputaciones), Kutxabank, el TAV, la política fiscal…

La competencia domina las relaciones entre los favorables al derecho a decidir

Lamentablemente, la competencia domine en todos los órdenes los códigos de relación entre las fuerzas que se reclaman favorables al derecho a decidir. Este es hoy uno de nuestros mayores handicaps. Desde una perspectiva de oportunidad política, esta incapacidad para el acuerdo carece de sentido, habida cuenta de la crisis que atraviesa en este momento el pacto de estado sostenido por PP y PSOE.

En este escenario de oportunidad que naciones como Cataluña y Escocia están aprovechando, lo deseable sería que todas las fuerzas sociales y políticas que compartimos la reivindicación del derecho a decidir compartiésemos un diagnóstico y una estrategia en lo que tiene que ver con el derecho a decidir y la normalización política. Y si esto no es posible, lo realista es trabajar entre quienes podemos compartir un diagnóstico en relación con el proceso soberanista.

Necesidad de movilización popular

Necesitamos cambiar las políticas neoliberales, que rompen a la sociedad y a los colectivos.

Necesitamos políticas de solidaridad que ilusionen al conjunto de la sociedad por una sociedad decente.

Necesitamos ligar nuestra lucha por la soberanía a la lucha social, para que está esté al servicio de las mayorías sociales, para que el derecho a decidir gane también las mayorías que necesita para poder realizarse

Pues bien, difícilmente todo esto podrá hacerse sin movilización popular.

Creemos que para que esta movilización sea masiva y eficaz, el movimiento social por el derecho a decidir debe ser capaz de fortalecer su propia autonomía respecto de las disciplinas partidarias.

Yo creo que en el seno de la movilización Gure Esku Dago, se están poniendo mucho empeño en garantizar la pluralidad de la iniciativa. La pluralidad es importante. Claro que lo es. Pero para mí lo determinante en esta fase, y lo que más credibilidad le puede dar a este movimiento no es la pluralidad (que en gran parte hoy es imposible) sino su autonomía.

Creo que en Euskal Herria tenemos una lectura de la sociedad a veces algo autocomplaciente. Y sin embargo, yo creo que esta ha sido una sociedad muy disciplinada por sus referentes políticos partidarios. A buen seguro esto es consecuencia de nuestra corta historia democrática. Yo creo que la movilización en pos de derecho a decidir va a conseguir la fuerza y la pluralidad que necesita, precisamente en la medida en que vaya madurando, fortaleciéndose su capacidad de análisis autónomo, fuera de las disciplinas partidarias, para acabar, como en Cataluña, interpelando y poniendo en un brete al sistema político.

Diciendo todo esto no estoy discutiendo, ni mucho menos, el papel fundamental que corresponde a los partidos en el proceso nacional, y mucho menos cuestionar su plena legitimidad como representantes de la soberanía popular. Lo que defiendo es que se pueda ir articulando una sociedad crecientemente empoderada y movilizada para ir deshaciendo los bloqueos del presente. Sólo con una sociedad movilizada podremos superar las enormes restricciones a las que se enfrenta hoy en día la actividad política convencional en el plano institucional.

Por un nuevo populismo

Me gustaría, para finalizar, hacer una defensa del populismo, y en parte como homenaje a la obra que he citado de Joseba Sarrionandia.

El populismo está en boca de todos. Cada vez a más fuerzas e iniciativas se les llama populistas. Lo más paradójico (y bien significativo) es que se llama populistas a aquellos que estamos criticando las medidas que durante estos años se han tomado contra los pueblos y contra el pueblo. Los que se han especializado en empobrecer a la mayoría social, a la mayoría del pueblo, tachan populistas a los que tratan de hacer valer los derechos del pueblo.

A partir de ahí, en la categoría de populista entra todo y su opuesto: el chavismo venezolano, el frente xenófobo francés, el berlusconismo o los que pedimos otra política fiscal. La socialdemocracia, los liberales y la democracia cristiana están de acuerdo: populistas son el resto, los que no son ellos, que representan la moderación, la razón, lo posible.

El sociólogo francés Pierre Bourdieu decía que el término “pueblo” como término político fue desapareciendo del discurso político a partir de la segunda guerra mundial, igual que el término “clase”. Y decía Bourdieu que los términos políticos no son puros instrumentos, sino auténticas conquistas en la guerra de posiciones políticas. En el tiempo de la guerra fría, occidente se adueñó de la palabra “libre”y oriente de la palabra “popular”.

Como dice D´Eramo, en el presente, el sentido despectivo de la palabra “populismo” crece en la misma medida que desciende el uso de la palabra “pueblo”, ahora en beneficio de palabras como “clases medias”, o “ciudadanía”.

Por eso yo quiero reivindicar un nuevo populismo. Un populismo que diga que lo único totalitario es defender que no hay alternativa.

Dice Sarrionandia que hacer política es perder el miedo a los poderes. La política de verdad es el fin del miedo y de la ignorancia.

En tiempos de Bush, en la administración americana se hicieron fuertes hombres como Donald Rumsfeld, alumnos del filósofo austriaco Leo Straussen. Esta gente defiende que los pueblos, la gente normal no puede estar en el secreto de las cosas. Que es preciso ocultar a los pueblos la verdadera política, porque no podrían soportar la verdad. Es el mismo argumento que utiliza Jack Nicholson, en la película Algunos hombre buenos:

“¡Tú no puedes encajar la verdad! Vivimos en un mundo que tiene muros, y esos muros tienen que estar vigilados por hombres armados. (…) Tú no quieres la verdad porque, en zonas de tu interior de las que no charlas con los amiguetes, me quieres en ese muro. Me necesitas en ese muro”.

A nuestro alrededor, y por encima de nosotros, hay muchos que han decidido ocultar al pueblo lo que verdaderamente ocurre. También, sobre todo, en el plano social y económico.

Movilizarse por derecho a decidir, es decidirse a saber y a tomar las riendas de nuestro presente y nuestro futuro.

Hay miles de razones, lingüísticas, económicas, sociales, políticas, históricas, para aspirar a nuestra soberanía. Pero no tengo tan claro que realmente queramos ser soberanos. Tampoco sé si tenemos un buen norte al que dirigirnos…

Todo está por hacer, eso es lo que creo, sinceramente. Y si eso está en manos de alguien, está en nuestras manos…

Gure esku dago.

Mila esker.

Futuro y excepcionalidad

Unas notas sobre el porvenir del sindicalismo

En un capítulo de la exitosa serie Borgen, los protagonistas hacen un chiste sobre el movimiento obrero danés diciendo que, en Dinamarca, ni hay movimiento, ni hay obreros. Lo cierto es que hay una tesis muy extendida y compartida en la academia europea según la cual, la globalización de la economía y el neoliberalismo traen consigo, de manera necesaria e inevitable, el debilitamiento y hasta la desaparición del sindicalismo. La competencia y la división internacional del trabajo, el debilitamiento de la legislación laboral protectora, el desplome de la influencia política de los sindicatos, la asunción de los postulados neoliberales por la socialdemocracia y, junto a todo ello, la constatación empírica irrefutable de la pérdida de efectivos del otrora poderoso movimiento sindical durante las últimas décadas, no harían sino confirmar esa tesis.
Siendo ciertos todos esos elementos, y aun a riesgo de parecer iluso, como sindicalista, creo que lo que procede en este contexto no es hacer tesis sobre las dificultades. No se trata de defender de una suerte de autismo metodológico: es una obviedad que los cambios económicos, políticos y legislativos que han tenido lugar en las últimas décadas de hegemonía neoliberal han mermado la eficacia del sindicato para defender los intereses de los trabajadores y trabajadores y han debilitado su referencialidad política. Pero, habida cuenta del aumento espectacular de las desigualdades de renta y del debilitamiento de todos los mecanismos de protección social, entiendo que la primera responsabilidad de un militante consiste en explorar, en primer lugar, si es que en el contexto de ese debilitamiento existen excepciones que apunten a un futuro distinto y, en segundo lugar, ver si ese carácter excepcional o esas singularidades, son algo irrelevante (elementos a ignorar por su no “exportabilidad” a otros contextos) o bien apuntan a modelos de intervención que pueden gozar de futuro también en otras latitudes en la defensa de las clases populares.
Yo considero que la experiencia sindical de ELA y, en cierta medida, por extensión, la experiencia del conjunto del sindicalismo abertzale, constituye, con todas sus evidentes limitaciones y miserias, una excepcionalidad en el panorama sindical europeo, una singularidad que, como dicen los sociólogos franceses Dufour y Hege “puede ser ignorada”, pero que igualmente podría ser tenida en cuenta. Una singularidad, diría más, que deberían tener en cuenta quienes postulan un cambio político y social para nuestro pueblo.
Creo que esa excepcionalidad viene dada por al menos cinco elementos muy evidentes.
En primer lugar, ELA es el único sindicato de nación sin estado europeo que es mayoritario en su ámbito nacional. A esta singularidad hay que añadir que LAB, sindicato también abertzale, y tercer sindicato del país, está a sólo 3 puntos del segundo sindicato (a menos de 1 punto en la CAPV).
En segundo lugar, la singularidad proviene de la financiación del sindicato mayoritario, que alcanza una autonomía del 91% de ingresos propios (cuotas) siendo residuales los ingresos por subvención pública. ELA no ha utilizado además otros mecanismos de financiación como son los derivados de la asunción servicios del estado (desempleo, mediación en el empleo, formación…), la titularidad de empresas o los propios de las prácticas de cogestión y concertación.
En tercer lugar, está el hecho de que ambos sindicatos se han fortalecido en coyunturas de transformación estructural que son las que “explican” el declive sindical en otros lugares (desindustrialización, terciarización, outsourcing¸fin de la negociación colectiva en el sector público…). Cabe destacar además que ELA es mucho más mayoritario en las pymes que en las grandes empresas, y crece en los sectores privatizados en detrimento de los servicios públicos tradicionales, alimentando la paradoja para quienes la acusan de abandonar a los trabajadores de la pequeña empresa.
Un cuarto elemento de excepcionalidad, muy relevante, es que ELA es el único sindicato europeo, histórico y mayoritario en su ámbito que ha rechazado el diálogo y la concertación social, prácticas que concibe en esta fase como una legitimadoras de las políticas neoliberales. Esta negativa es compartida a día de hoy también por la otra confederación abertzale.
Un quinto elemento de singularidad es la Caja de resistencia de ELA, a la que se destina el 25% de la cuota de los afiliados. Nuestro país lidera el ranking de conflictividad laboral en el entorno. Claramente en relación con España, con quien hay datos comparativos. Y aún más con Francia, donde el 70% de las huelgas son “espontáneas”, es decir, no son lideradas por sindicatos constituidos sino por los trabajadores solos.
Conviene aclarar que estas singularidades no informan sobre la correlación de fuerzas. Es una evidencia, también en el caso del sindicalismo abertzale, que su influencia política y su eficacia sindical se ha visto mermada, como consecuencia, sobre todo, de la modificación de la legislación laboral tanto individual como colectiva. Asimismo, en el contexto de la crisis, ELA ha informado de una pérdida de efectivos de afiliación importantes. Con todo, ha acreditado una tasa de afiliación sobre población asalariada activa superior a la del 2007. Dicho de otra manera: el desempleo ha crecido más que lo que ha caído su afiliación.
Con todo, considero que esas singularidades (escala de nación sin estado, financiación autónoma, negativa a la concertación social, capacidad de conflicto, y adaptación a los nuevos contextos empresariales) pueden informar de pistas de futuro para el conjunto del sindicalismo. La Comunidad Autónoma del País Vasco acredita una tasa de afiliación sindical del 29% , a diferencia del 11% español y del 4% francés. Es una diferencia sustancial si tenemos en cuenta que el marco normativo laboral y sindical, así como el sistema de seguridad social, es el mismo que el del estado español.
Con todo, estas singularidades están lejos de garantizar la existencia futura del sindicalismo de contrapoder. La crisis en curso, hegemonizada por el neoliberalismo, constituye, como decía Bourdieu “un programa de destrucción sistemática de los colectivos”. El ataque librado por Zapatero y Rajoy contra la negociación colectiva; la ofensiva patronal en el seno de la OIT contra el derecho de huelga; la negociación que está teniendo lugar en torno al TTIP; la ofensiva contra el crédito horario de los delegados y delegadas sindicales… constituyen ataques ante los cuales el sindicalismo europeo, y el nuestro en particular, no tiene el futuro asegurado. Con la expresión existencia futura no me refiero, evidentemente, a la pervivencia de una sigla, sino a la permanencia de un modelo concreto, el nuestro.
Si la correlación de fuerzas es menor, si la propia existencia del sindicato no está garantizada… ¿Qué podemos hacer?
Creo que el sindicalismo de ELA debe mantener blindados y fortalecer aún más los elementos de singularidad que he citado. Pero difícilmente podrá hacer frente, en muy pocos años, a las exigencias del futuro, si no es capaz de dar pasos efectivos en tres direcciones. La mala noticia es que va a ser muy difícil hacer todas esas cosas a la vez. La buena noticia es que son tres cuestiones en las que profundizar que dependen, en gran medida, del propio sindicato. Esos tres vectores de actuación son, a mi entender, los siguientes:
1. El primer vector tiene que ver con la organización en la base. El sistema de irradiación de condiciones de trabajo de los anteriores modelos de relaciones laborales ha sido destruido con las reformas. El sindicalismo tendrá futuro si es capaz de armarse en los centros de trabajo, si es capaz de ganar adhesiones en cada empresa y suscitar la militancia dentro de ella. El sindicato en la empresa es el suelo sin el cual no hay ulteriores ambiciones negociadoras ni políticas. Ganar en adhesión y base militante es cuestión de vida o muerte.
2. El segundo vector es la búsqueda de una alianza sindical y una articulación sociopolítica innovadora, no sólo para la interpelación y la crítica a las fuerzas neoliberales, sino con vocación transformadora. Esto pasa por asumir la interpelación crítica del movimiento sindical, como elemento indispensable de reforzamiento de las referencias de izquierda con vocación de intervención institucional. El punto fuerte de esta articulación es que los elementos de justicia social son los más determinantes, a nuestro juicio, para ganar las adhesiones para un proyecto de transformación que sólo puede ser soberanista, es decir, pro-soberanías.
3. El tercer vector, tiene que ver con ser aquello que se reivindica. Por doquier están conformándose experiencias alternativas en el campo de las finanzas, el trabajo, la energía, la alimentación… con vocación de relocalizar la economía, respetar a los productores y a los consumidores, velar por modelos producción y distribución sostenibles y respetuosos con los trabajadores y el medio ambiente. Urge desarrollar un trabajo de red de quienes optamos por un cambio radical del modelo político, económico y medioambiental. Es en el contexto de esas redes donde la lucha sindical puede alcanzar las cotas de resonancia, y no sólo de resistencia, que necesita para alcanzar un cierto éxito.